Desde el año 1998 un gobierno, retóricamente de izquierda, ha tomado el poder en Venezuela. Desde esa fecha, los representantes de la nueva burocracia han iniciado un insistente proceso deslegitimizador de todos los cuestionamientos a su gobierno, especialmente contra quienes desde la izquierda (y obviamente el anarquismo) lo rechazan.
Por Rafael Uzcategui
Es cierto que en el llamado «antichavismo» conviven algunos de los sectores más conservadores del país, representantes del anterior status desplazados del poder. Pero tras esta afirmación apuntamos que no es posible entender la situación venezolana atendiendo al esquema infantil gobierno (izquierda) versus «oposición» (derecha).
Los y las anarquistas venezolanos hemos expresado nuestro rechazo al proyecto bolivariano por varias razones. La primera es que detrás del discurso «izquierdizante» del ejecutivo, las políticas concretas han profundizado el rol del país en la globalización económica: a saber, la venta de hidrocarburos, de manera segura y confiable, al mercado energético mundial.
A pesar de su discurso anti-imperialista, el gobierno radicado en Miraflores ha revertido el proceso de nacionalización del petróleo, y ha hecho socias del negocio, a través de la figura de las empresas mixtas, a compañías como Chevron, British Petroleum, Repsol, entre otras. En segundo término, y debido a lo anterior, por una agresiva política fiscal de corte neoliberal, el gobierno está disfrutando de la mayor bonanza económica de los últimos 30 años. Esto ha ocasionado, por una parte, la aparición de una nueva burguesía, amparada por sus relaciones con el Estado, la cual gobierna junto a los sectores oligárquicos tradicionales vinculados con los sectores dinámicos de la mundialización (telecomunicaciones, banca y finanzas, seguros…)
Por otra, que a pesar de tales cantidades de dinero, la situación de las clases más desfavorecidas del país no ha mejorado sustancialmente. A contracorriente de su propaganda, el gobierno bolivariano no ha cambiado una de las distribuciones de riqueza, del PIB, más desiguales del continente. En tercer lugar, por la estatización militarizada de todos los órdenes de la vida social en Venezuela, especialmente la institucionalización de los movimientos sociales de base.
No solamente realizamos una refutación antiautoritaria del gobierno venezolano, sino una nítida crítica anticapitalista que nos diferencia claramente de la oposición mediática, precisamente, el tipo de antagonista «arquetipo» que interesa difundir como contrario por los voceros del actual tren ejecutivo. Reiteramos que, como anticapitalistas, hemos caracterizado la confrontación de poderes ocurridas en Venezuela como una pugna inter-burguesa, entre factores y representantes de las clases dominantes. Por ello nuestro rechazo, a ambos, se acompaña de la propuesta de la reconstrucción beligerante de la autonomía de los movimientos sociales, un espacio que creemos como precondición para el desarrollo de una alternativa y una propuesta libertaria para el país.
Detrás de la propaganda del actual gobierno venezolano hay un desierto. El llamado «proceso bolivariano» ha difundido al mundo que, desde Caracas, se modifican las injustas relaciones sociales, se hace retroceder la pobreza y el pueblo se hace cargo de su destino. La realidad se resiste a ser maquillada por la demagogia. Venezuela, a pesar de vivir un período inédito de bonanza económica, no ha revertido una de las distribuciones de riqueza más injustas del continente. La ineficacia de las políticas sociales y el agravamiento de los principales problemas del país, son razones de peso que explican la ausencia del pueblo chavista en las urnas el pasado 2-D, cuando se intento legitimar una constitución a medida del proyecto político gubernamental.
Provea, una de las organizaciones sociales antiguas del país, recientemente presentó los resultados de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Revisando algunas áreas, se puede dar una verdadera idea de lo que ha significado para los más pobres la demagogia «bolivariana». Por ejemplo dentro de los estancamientos, la situación de los pueblos indígenas continúa signada por la pobreza y el abandono. En un sector donde se han generado grandes expectativas, el área de vivienda, el ejecutivo nacional cumple su octavo año consecutivo en incumplir sus propias metas, construyendo sólo 60.000 de las 150.000 casas prometidas (el déficit se estima en casi 3 millones).
Uno de los programas más propagandeados por el Ejecutivo, como es el caso de la Misión Barrio Adentro, comienza a mostrar signos regresivos y acumularse denuncias sobre ambulatorios cerrados, ausencia de insumos y reducción del horario de atención al público. El sector salud continúa caracterizándose por la coexistencia de dos sistemas: el tradicional, conformado entre otros por ambulatorios y hospitales, y el edificado por Barrio Adentro. No existe un sistema nacional público integrado de salud que garantice el acceso universal y de calidad a los servicios, presentando el sistema tradicional, que realiza una mayor cobertura cuantitativa, serias fallas en su operación.
Los derechos de los trabajadores y trabajadoras no muestran una mejor realidad. Diferentes declaraciones y proyectos del ejecutivo nacional erosionaron la autonomía de las organizaciones sindicales, produciendo su debilitamiento y ausencia de protagonismo en el diseño de las políticas públicas. Como una muestra, fuentes sindicales señalaron que 243 contratos colectivos se encontrarían sin firma en el sector público. Aunque parezca extraordinario, Venezuela ocupó, detrás de Colombia, el segundo lugar en el ranking mundial de peligrosidad para la acción sindical. 53 personas, de ellos 46 dirigentes gremiales, perdieron la vida debido a violencia relacionada con la obtención de puestos de trabajo, tanto en el sector construcción como en el sector petrolero. Por otra parte, se ha intensificado la tendencia denunciada por Provea desde el año 2006 acerca de la criminalización de la protesta. Durante este período 98 manifestaciones fueron reprimidas por los organismos de seguridad del Estado, siendo la cifra más alta en los últimos 8 años.
«Quién habla de revolución y lucha de clases sin referirse a la vida cotidiana, tiene un cadáver en la boca». La frase ilustra la situación venezolana. Los retos para los de abajo son múltiples. En principio, romper el maniqueísmo impuesto por la derecha en el gobierno y la derecha opositora, reconstruyendo el tejido de base de múltiples organizaciones de base beligerantes y autónomas. Rechazando la electoralización de nuestras dinámicas, la agenda de movilización y resistencia debe incluir, en un primer orden, todos los males y problemas que nos aquejan, como oprimidos y oprimidas, en nuestra vida diaria.
publicado en la revista Ekintza Zuzena nº35