Aquellos barros trajeron estos lodos

La izquierda latinoamericana vuelve a tener un rol político indiscutible. Rol que se expresa electoralmente. En la década de los 80’ 60 millones de latinoamericanos eran gobernados por la izquierda; hoy son más de 260 millones.

Por Revista Alter
Taller A (Uruguay)

Ello es más significativo porque sucede  después de ser derrotada en sus intentos revolucionarios de «izquierda armada». Sucede a pesar de sufrir directamente la represión durante años y, en algunos casos, décadas de dictaduras feroces. Hoy esa izquierda guerrillera, partidaria del foco guevarista, jerárquica y clandestina; más antiimperialista que anticapitalista; con objetivos donde primaba la liberación nacional; con prácticas estalinistas en el interior de las organizaciones partidarias, escondidas detrás de la compartimentación, que significó expulsión de discrepantes e incluso, en algunos casos, como fue el del poeta salvadoreño Roque Dalton, su ejecución; retorna  siendo parte de los nuevos gobiernos de izquierda y en otros integrando la fuerza mayoritaria.

Esta izquierda que no pudo conquistar el poder político con las armas, su objetivo estratégico; lo logra décadas más tarde, después de años de cárcel, de muertos y desaparecidos, por medio de procesos electorales y de complicadas, y a veces contradictorias alianzas políticas, éticamente imposibles de comprender, y explicadas generalmente por el funcional argumento de la «acumulación de fuerza».

Esta izquierda administradora del poder político y continuadora de los lineamientos económicos del capitalismo global, no es capaz de hacer autocrítica de su militancia pasada; de la utilización y manejo de los movimientos de base de acuerdo a los intereses partidarios, habiendo jerarquizado y separado lo político de lo social; de haber debilitado a los movimientos quitándole a sus mejores militantes reclutándolos para su aparato militar. Pues sí, construyó un aparato militar, con todo lo que eso significa, para oponerlo a otro aparato, al  ejército y las fuerzas represivas del Estado. Una institución contra otra concebidas con las mismas formas y mismas jerarquías. Esta posición permitió a los ideólogos, que intentan hoy justificar el terrorismo de estado, pergeñar la «teoría de los dos demonios». Eran tan iguales que, en algunos países, las fuerzas de la guerrilla pasaron a integrar el ejército nacional.

Todo cambia…

Lo nuevo en estas dos últimas décadas, tras la hecatombe de los gobiernos militares que aplicaron la «doctrina de la seguridad nacional» para intentar la implantación de un nuevo orden económico, ha sido las explosiones que han producido la emergencia de inesperados, variados e impredecibles movimientos sociales en América Latina. Algunos de ellos  han resistido los ajustes neoliberales y los recortes de las libertades públicas. Estas resistencias, además, dificultaron la aplicación de los planes de reestructura capitalista y fueron deslegitimando lo que se llamaba «pensamiento único». Abrieron brechas por las que han surgido nuevas formas para pensar y cambiar el mundo.
Los movimientos lograron hacer retroceder privatizaciones, han hecho caer varios presidentes y, en el caso boliviano, han producido acciones insurreccionales que podían haber llevado a formas organizativas de autogobierno apoyadas en las comunidades y en la autogestión.

Estos movimientos, con un protagonismo social importante al igual que las organizaciones sociales que sobrevivieron a las dictaduras militares, en los últimos años han tenido dificultades, han perdido espacios de acción, han sido relegados y en algunos casos subordinados o cooptados por los nuevos gobiernos. Sin embargo no todo se ha perdido; los acontecimientos calaron profundo, hubo cambios que abrieron caminos, se crearon nuevas formas de actuar, nuevas sensibilidades, etc.

No hay gobiernos «buenos» que apoyen y sean favorables a movimientos sociales que buscan su libertad, que construyen autónomamente su sentido de vida, que pelean por la emancipación social. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya diferencias entre un gobierno u otro, no es lo mismo una dictadura o un gobierno de derecha que uno progresista o de «izquierda». Pero, en definitiva, los gobiernos y los estados no pueden permitir la existencia de realidades que ellos no controlen o administren, que se pongan por fuera, en otro lado.

Es bueno recordar que la situación de América Latina se enmarca en la misma inestabilidad en la que se encuentra el capitalismo global. Invasiones, tropas de ocupación, militarización de territorios ricos en materias primas estratégicas como petróleo, agua, alimentos (Paraguay, la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, el «Plan Colombia»), presiones de distinto tipo e incluso la posibilidad de cambio de fronteras como sucedió en la ex Yugoslavia, están al orden del día y cuentan con la instrumentación logística de Estados Unidos y las fuerzas represivas «nacionales».

Conquistar el estado, conquistar el poder

Los teóricos marxistas de la «izquierda estadocentrista» señalan en estos nuevos gobiernos, surgidos entre 1999 y 2006, dos grupos: uno de «izquierda» y otro de «centro». En el primero se ubicarían Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Estos gobiernos serían antiimperialistas, aunque sea sólo declarativamente, y opuestos al neoliberalismo. En el segundo grupo encontraríamos a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay que tendrían una posición más tibia respecto al neoliberalismo, más mediadora y sólo pretenden mitigar la pobreza que ha producido los embates del capitalismo neoliberal.

Los gobiernos de «izquierda» se enfrentarían a duras y combativas burguesías y empresas transnacionales que siempre se han negado a repartir, aunque sea mínimamente, las riquezas producidas por las clases subalternas. Los capitalistas no quieren aceptar de ninguna manera ver recortados ninguno de sus privilegios que mantienen desde hace siglos. Menos aún en la actualidad, donde sus márgenes de ganancia se han visto reducidos y ha sido necesaria la reubicación de los aparatos extractivos e industriales, y los sistemas de la especulación del capitalismo financiero ya no produce las ganancias de antaño.

Mientras tanto, los gobiernos de «centro» estarían en una posición (frente a una burguesía) más «dialogante», ya que históricamente el liberalismo y el populismo han impulsado  políticas de reparto de riqueza que ha permitido sobre todo la creación de clases medias que han constituido un mercado interno importante y han sido amortiguadoras de los enfrentamientos sociales (humanismo capitalista), salvo en los cortos periodos de su radicalización.

Para estos teóricos la posibilidad de estos nuevos gobiernos  de salir del neoliberalismo es la de reconstruir los estados. «Los estados han sido duramente castigados por las políticas neoliberales» y concluyen en que: «no hay democracia que funcione de la mano de un Estado en descomposición».
Según esta idea los nuevos gobiernos vienen a recuperar a los estados debilitados, replanteando con fuerza la idea de Estado soberano. Atilio Boron replantea, también, el modelo soviético de un Estado con planificación centralizada de la economía y desarrollo del mercado interno.

Parece que lo más importante no sería la reconstrucción comunitaria superando la fragmentación social producida por el capitalismo actual, sino la de salvar estados que inevitablemente seguirán fragmentando y atacando los vínculos sociales y las prácticas que se pongan por afuera suyo, fuera de su control.
Pero no hay duda que las nuevas gobernabilidades, en todos los casos, buscan el fortalecimiento de un Estado debilitado y un papel más activo en relación al mercado y a los organismos internacionales.
John Holloway, discrepando con la posición «estadocentrista», afirma: «Decir que el Estado es un proceso equivale a decir que canaliza la actividad social de cierta manera, de una forma que la reconcilia y la integra en la reproducción del capital. Entrar en contacto con el Estado significa ser empujados a canales dirigidos hacia la reconciliación con el capital».

Pero la derecha neoliberal latinoamericana no se atemoriza fácilmente, por eso ha organizado en Rosario, Argentina, un conclave para ver cómo recupera los gobiernos y lleva nuevamente al continente por la senda, sin ninguna amortiguación, de las políticas de saqueo diseñadas por el capitalismo global.

Las nuevas gobernabilidades fortalecen al estado

La izquierda latinoamericana llega al gobierno en medio de un proceso donde la representación política está entrando en crisis como consecuencia de la profunda deslegitimación que se produce por el fracaso de los gobiernos dictatoriales por la secuela de corrupción, destrucción del entramado social y conculcación de todas las libertades liberales y burguesas. Consecuentemente se enfrenta, como consecuencia a una conciencia surgida del enfrentamiento a los gobiernos dictatoriales, a un nuevo protagonismo social que no acepta ser representado. Pero también la izquierda latinoamericana se desliza encima de una ola de cambios, de gobernabilidades progresistas en la región, que crea expectativas y esperanzas en amplios sectores de las clases subalternas. Esperanzas que, a poco de caminar, tampoco serán la primera vez en ser traicionadas.

La crisis neoliberal y de los partidos gobernantes de derecha es el resultado de su propia deslegitimación y también de décadas de luchas sociales. En el caso de los pueblos indígenas, son más de 500 años de dominación y resistencia cultural. De estas luchas se produce el surgimiento de fuerzas de izquierda y progresistas que tomando parcialmente las banderas de estos movimientos los canalizan hacia políticas estatales, a políticas electorales para ganar el gobierno.
Así las nuevas gobernabilidades aparecen como gobiernos más estables. Son la afirmación de la democracia representativa a la que refuerzan con  alguna variante participativa y consultiva.  Prestan mayor atención a los movimientos a los cuales hacen alguna concesión buscando nuevos pactos sociales para lograr la calma social. Pero estas políticas  reproducen la forma–estado que muchos movimientos habían cuestionado o puesto al menos en discusión.

Para los propios partidos de  la izquierda gobernante, la nueva situación  es consecuencia de una acumulación de fuerzas, en función de una estrategia de poder, que en el caso de Uruguay, según sus propios voceros, comienza al final de los años 50 y que finalmente  les permite conquistar el gobierno en el 2005.
Estos gobiernos de «izquierda» encuentran países con profundas fragmentaciones en distintos ámbitos: cultural, étnico, económico, derechos humanos…

En el plano de la integración regional e internacional las nuevas gobernabilidades están planteando políticas, en algunos casos diferentes; al extremo tal que han logrado conjuntamente bloquear el proyecto norteamericano de creación del ALCA y han dificultado la aplicación del Plan Colombia. Alternativamente Chávez esta impulsando el ALBA con el apoyo de Morales, Correa, Ortega y Castro y, por otro lado, el resto de los otros gobiernos integran el MERCOSUR y no faltan también los que afirman la necesidad de un multilateralismo en las relaciones comerciales. Pero estas diferencias no significan, en un principio, opciones opuestas, sino que se inscriben en el modelo general de recuperación de instrumentos de reconstrucción de los aparatos estatales.

Países como Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay han saldado completamente su deuda con el FMI, mientras que a Bolivia y Nicaragua el propio Fondo les canceló la deuda.  Este organismo, emblemáticamente vinculado con las políticas imperialistas en la región, no ha visto todas las cancelaciones con la misma preocupación. En el caso de Brasil y Uruguay mantienen un buen relacionamiento con el FMI.
Productores de materias primas estratégicas (petróleo y gas) han renegociado los contratos, en el pasado leoninos, con las multinacionales extranjeras poniéndoles límites y nuevos condicionamientos. Las privatizaciones de empresas públicas en algunos casos dieron marcha atrás.

Estos países han creado bancos regionales de desarrollo como el Banco del Sur, acuerdos de producción y distribución de energía y colaboración en materia de salud y educación.
En política de derechos humanos los gobiernos de Argentina, Uruguay y Chile están llevando adelante distintos juicios contra militares y civiles acusados de asesinatos, torturas y desapariciones durante las pasadas dictaduras militares que han posibilitado que terminen condenados algunos de los culpables, desresponsabilizando de esta manera al sistema que exigió (al igual que ahora exige gobiernos de izquierda) dictaduras, torturas, asesinatos. Si bien es necesario aclarar que en Uruguay, vergonzosamente, aún sigue vigente la llamada Ley de Impunidad que garantiza a los violadores de los derechos humanos no ser juzgados por delitos cometidos durante la dictadura salvo que el presidente, por su decisión, los deje afuera de esa ley, que es lo que ha sucedido en algunos casos.

En estos países la lucha por «Verdad y Justicia» fue llevada adelante durante años, en soledad y en difíciles condiciones, por familiares y organizaciones de derechos humanos. Hoy los gobiernos de izquierda han logrado neutralizar y cooptar muchas de esas organizaciones abanderándose con la política de los derechos humanos.
Sin embargo la represión sigue actuando contra los movimientos, deteniendo, juzgando y condenando; y no faltan los asesinados por las fuerzas represivas. Se continúa promoviendo la criminalización y judicialización de los que luchan por sus derechos, de los que no se dejan trampear por estos gobernantes. Esto es evidente en Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela…

Las políticas sociales

Los estados en las nuevas gobernabilidades disponen de recursos, que antes no existían y que son producto de la coyuntura favorable del alza de los precios internacionales de las materias primas, para financiar programas de apoyo a los sectores más pobres. Programas recordamos que son promovidos por el Banco Mundial y toda la gama de organismos multinacionales de créditos.  Todos estos gobiernos de distinta manera están desarrollando políticas públicas de lucha contra la pobreza y la marginalidad en el trabajo, la educación y la salud. Estas políticas son el buque insignia, el programa estrella, en la búsqueda de nuevos consensos sociales, y de la manifestación del intento de restauración de estados “nacionales” confiables para la inversión de capitales.

En el área andina estas políticas de lucha contra la pobreza se vienen llevando adelante desde los gobiernos anteriores a través de planes para el desarrollo y la participación comunitaria promovidos y financiados directamente por el BID. Con estas políticas los gobiernos han logrado neutralizar los movimientos, cooptarlos e integrarlos a las instituciones sociales en algunos casos («Lula» da Silva nombró ministro de trabajo al principal dirigente sindical opositor).

Si bien han aumentado los beneficios sociales otorgados a los más pobres, en general se continúa con una política económica para atraer los capitales de las transnacionales.

Nuevas gobernabilidades y movimientos

En toda América latina los gobiernos anteriores aplicaron las recetas neoliberales con consecuencias graves que sumieron a amplios sectores de las poblaciones en la miseria más atroz. Los de abajo no tuvieron más remedio que aprender a organizar su supervivencia para continuar con sus vidas. Pero además organizaron su rebeldía que se expresaron en importantes movimientos en todo el continente como el «caracazo» en Venezuela, zapatistas en México, los indígenas en Ecuador, cocaleros y guerras del agua y del gas en Bolivia, los Sin Tierra en Brasil y «piqueteros»y fábricas recuperadas en Argentina, movimiento mapuche en Chile…

Algunos piensan que la existencia de estos gobiernos de izquierda con mayor sensibilidad social les da a los de abajo posibilidades de fortalecerse y de lograr conquistas hasta ahora inalcanzables con los gobiernos de derecha. Esto puede ser cierto a corto plazo, pero a la larga todos los gobiernos, incluidos aquellos que quieren lograr un mejor reparto social, inevitablemente tienden a manejar, conquistar e institucionalizar los movimientos de base. Las políticas sociales de las nuevas gobernabilidades tienen mayor capacidad para arrastrar atrás de sí a los movimientos al adueñarse de sus banderas y hacer efectivas algunas de sus reivindicaciones.

Desembarcan con sus funcionarios y técnicos sociales, muchos de ellos militantes sociales, encuestando, numerando, registrando, neutralizando y controlando. Pero sobre todo impulsando un nuevo estilo de trabajo social donde estimulan organizaciones sociales participativas y “autónomas”. Las incitan a que actúen dentro del Estado, reconociéndoles representación institucional, cooptando así movimientos que pasan a definir y vestir estos gobiernos como «populares».

Las nuevas gobernabilidades necesitan controlar los movimientos, pues ellos son creadores de incertidumbre social porque con sus reivindicaciones cuestionan la naturaleza y estructura de los estados en reconstrucción y espantan a los inversores.

El abajo que se mueve

Los movimientos de los pueblos originarios o indígenas son seguramente uno de los rasgos más sobresalientes de estos tiempos. Tal vez ellos están llevando adelante el proceso de descolonización que en estos países nunca se concluyó.  Se han enfrentado duramente a las transnacionales del petróleo en Ecuador y Colombia.
En Chile y Argentina los mapuches han resistido a las empresas madereras y de celulosa. En Chile han sido duramente criminalizados aplicándoles la Ley Antiterrorista (legislada por Pinochet) por parte del gobierno de la socialista Bachelet. El movimiento de lucha del pueblo Mapuche es contra las multinacionales que se adueñan de las tierras indígenas para desarrollar los agro-negocios,  por la autonomía y la gestión comunitaria del territorio sin la ingerencia del Estado chileno.

En Bolivia la lucha por el agua y por el gas y por la nacionalización de los hidrocarburos ha visto a las comunidades indígenas y campesinas en primera fila cuando en octubre del 2003 derribaron a un gobierno y entre mayo y junio del 2005 estuvieron a un paso de tirar al presidente Rodríguez y de organizar un autogobierno, pero Morales y su partido el MAS, negocian y logran que el movimiento insurgente acuerde una tregua con el gobierno, quedando así nuevamente abierta la vía electoral que llevara al aymará Evo Morales a la presidencia de Bolivia. La reivindicación de la nacionalización del gas y el petróleo, el plantear la soberanía sobre estas industrias organizadas según el modelo centralizado estatal  significa hacer entrar otra vez al parlamentarismo y al Estado como interlocutores validos en el conflicto.

En Ecuador los pueblos originarios promueven un estado multicultural y multirracial. En el caso de Ecuador ya los pueblos indígenas en el pasado han hecho alianzas en este sentido con partidos y candidatos a gobiernos que después los traicionaron. Tal vez sea posible la construcción de un nuevo estado donde quepan las culturas indígenas siempre que no se cuestione el mercado capitalista.
Los aymará en Bolivia proponen el autogobierno de las comunidades,  reivindican la construcción de la «nación aymará» oponiéndola a la idea de conquistar el Estado.

El movimiento piquetero en Argentina ha sido debilitado e integrado mayoritariamente en las políticas gubernamentales desde el gobierno de Kirchner. El grupo numéricamente más importante dirigido por D’Elía son actualmente los piqueteros y grupo de choque del gobierno. En esta situación de gran confusión provocada por una política gubernamental que presta mayor atención a la asistencia a las clases más pobres, llegando incluso a suceder que un Movimiento de Trabajadores Desocupados vinculado a una organización anarquista terminó trabajando electoralmente para Kirchner, pasándose con armas y bagajes al lado de las instituciones. Sin embargo algunos sectores piqueteros, fábricas recuperadas, asambleas vecinales continúan afirmando sus vínculos y construyendo autónomamente su vida, produciendo y comercializando de otra manera, autogestionariamente.

El chavismo en Venezuela es un movimiento impulsado desde el gobierno y tiene como líder máximo al propio presidente. Ese ya es su límite de nacimiento, un cordón umbilical que lo une fuertemente al Estado. «Que la gente asuma el poder» esa es la idea de Chávez según escribe entusiasmado el libertario estadounidense Michael Albert. ¿Pero qué significado puede tener esa propuesta cuando es hecha por quien ejerce realmente el poder, el mismo que construye el partido único PSU, para dirigir los destinos de la «revolución bolivariana», y de quien él es el líder máximo. Un poder popular diagramado desde arriba por los funcionarios del gobierno sólo puede servir a fortalecer el poder de los funcionarios, de Chávez y del Estado. Es que el socialismo del siglo XXI está inspirado en ese espejismo denominado socialismo cubano.

«El poder tiene necesidad de disminuir nuestra potencia de actuar para, precisamente, ejercer su poder sobre nosotros» No hay mejor manera para hacer perder el poder hacer de los movimientos que integrarlos al espacio del gobierno, institucionalizando las nuevas formas de participación nacidas en la base del chavismo.
Chávez quiso afirmar su poder, no el poder popular, por medio de un referéndum que el propio movimiento chavista boicoteó. Por eso es necesario diferenciar a Chávez del movimiento que lo apoya.
Los Sin Tierra de Brasil vinculados en su surgimiento a las comunidades eclesiásticas y políticamente al PT, hoy están parcialmente distanciados del partido de Lula a partir de posiciones distintas respecto a la Reforma Agraria y al cultivo de los transgénicos.

El MST es seguramente uno de los movimientos más poderosos de América Latina, pero es también el más estructurado y vertical. Eso tal vez venga de mezclar las posiciones de la iglesia progresista y una izquierda marxista bastante ortodoxa que mira con expectativas hacia la construcción de un estado popular.

Un movimiento muy combativo y participativo en su base, en sus campamentos y en las ocupaciones de tierra, pero que deja de serlo en la medida que se sube en la estructura, ya que se rige por el centralismo democrático.
El movimiento zapatista ha sido el que más han influido en estos tiempos en el movimiento libertario y también el que más ha incidido en la búsqueda de un cambio en el pensamiento emancipatorio en Latinoamérica. Sin embargo la última etapa de los zapatistas de mirar, no hacia abajo como han hecho hasta ahora, sino que con la otra campaña, han recorrido México mirando hacia abajo y a la izquierda. Ello los ubica en un espacio político, el de la izquierda radical, más o menos ortodoxa y leninista, donde se repiten las políticas que los mismos zapatistas han venido criticando. Además el ubicarse no abajo sino abajo y a la izquierda es seguir manteniendo una categoría vinculada a la forma estado que sirve para seguir reproduciéndolo.

También en México el movimiento indígena y popular de Oxaca organizado en el APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oxaca) y en un movimiento aún más amplio conocido como la Comuna de Oxaca, han sido los protagonistas de la resistencia contra el gobernador Ulises Ruiz que es la expresión de años de corrupción y represión. Ya el oxaqueño Flores Magón había encontrado en las comunidades indígenas el fundamento de sus propuestas libertarias.
En Uruguay, los movimientos visibles son nada más que estructuras verticales, sin vida.

Las fuerzas que hubo en algún momento en esas estructuras, fueron ahogadas por los requisitos de la legalidad, legalidad que los integrantes mismos aceptaron corriendo tras la zanahoria de la democracia participativa y las facilidades que promete el «progresismo», que por cierto no son gratuitas. Estas fuerzas se diluyeron en los pasillos del poder, más ocupadas en perseguir permisos legales, en integrarse al sistema que en construir sus propias realidades. Pero, mas allá de intencionalidades el aparato burocrático de los movimientos sociales,  sigue funcionando y reproduciéndose por inercia.

Sin embargo existe, también, un movimiento invisible, disperso e impredecible, que partiendo de sus realidades y sus deseos, busca esa autonomía y crea desde la diferencia, las realidades que desea; haciéndose cargo de la alimentación, la educación, la salud, esquivando la legalidad para poder tener dónde vivir, donde hacer crecer alimentos… viviendo día a día la aventura (en mayor o menor grado) de construir juntos esa realidad que nos posibilite vivir más libre y sanamente.

Nuevos contextos, nuevas capacidades

Una mirada crítica hacia los movimientos, hacia su fragilidad, no implica un juicio negativo. Pues de esa fragilidad, de la crisis de referentes, de las incertezas nace ese deseo de creación, de la búsqueda de nuevos sentidos para nuestras vidas.
Los movimientos no son puros, son heterogéneos, híbridos, son mezclas de diferencias con distinto tipos de impurezas, pero de esas mezclas, de ese mestizaje es de donde pueden nacer las trasformaciones. De lo homogéneo, de lo puro, no hay más que repeticiones, nunca creaciones.

Sin embargo, algunos movimientos de base en América Latina siguen impregnados por esa lógica leninista de que la política partidaria es una instancia superior de la política, separando lo social de lo político, afirmando de esta manera su rol de correa de trasmisión de decisiones tomadas en instancias superiores,  y cuando no es así, muchos de ellos no van mas allá de reivindicaciones corporativas o de practicas clientelares.
La crisis de la representatividad  y del vanguardismo no desemboca  automáticamente al desarrollo de acciones autónomas y en la autoorganización.

Dentro de los nuevos grupos de la izquierda radical, muchos reivindican instrumentalmente la autonomía de los organismos de base, pero es una autonomía construida al servicio de una estrategia de poder. Se juega con el concepto de independencia de clase y autonomía  confundiendo como si fuera lo mismo. En Uruguay en los años ’60 y  ’70 la independencia de clase significaba la independencia del Estado, de los gobiernos de turno, y de los partidos burgueses; pero no de los partidos y grupos de izquierda. Y esa es la autonomía que se intenta hacer pasar.

La estrategia de poder implica la acumulación y ¿cuál es el lugar por excelencia, según esa estrategia, de la acumulación política sino el partido o la organización política?
Para los movimientos sociales, no solo aquellos que se limitan a hacerle solicitudes al Estado en una actitud subalterna; sino sobre todo para aquellos que no quieren quedar atrapados en las redes de las instituciones estatales, parece claro que no se puede seguir peleando igual que antes de estos gobiernos, como si no hubiera sucedido nada. No todo es igual y esta situación actual, que es más compleja, hace necesario la invención de nuevas formas que eviten tanto la cooptación como la marginalización de los movimientos, ¿o será que justamente debemos fomentar la marginalidad misma, en el sentido de que estamos en los márgenes de un sistema del cual queremos salir?

Un contexto nuevo que nos exige y desafía a la creación de nuevos conceptos y prácticas, de otras nuevas capacidades.

fuente: https://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article461

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