En líneas generales, tanto en Italia como en el resto del mundo existe una tendencia evidente hacia la formación de lo que podríamos definir como un estado policial. Los instrumentos establecidos para llegar a tal fin no son sólo de orden legislativo y ejecutivo, sino que también comprenden toda una serie de medidas que en el ámbito «cultural» contribuyen a sustentar el sueño de todo poder: tener todo bajo control y hacer que cada ciudadano se identifique con el orden público, dejando en manos del Estado su propia protección.
En el caso italiano, la creación artificiosa de una constante alarma social (hoy los gitanos, mañana las excarcelaciones fáciles, después los ultras, luego los rumanos…) cuenta con el sustento imprescindible de los medios de comunicación. De esta forma, el Estado se transforma en un paladín en la defensa de «su» población y fuerza -sin encontrar mucha resistencia, sino más bien cada vez más numerosos apologetas- intervenciones que no es exagerado definir como militares.
Sabemos bien que el Estado para su propia supervivencia tiene la necesidad constante de enemigos creados ad hoc y que sean percibidos por la población como sus propios enemigos. De este modo, la atención de la opinión pública puede ser dirigida contra amenazas prefabricadas que desvíen la atención lo más posible frente a la amenaza real para la vida y la libertad que el mismo poder supone. En este sentido, la realidad es sistemáticamente transfigurada. El control y la represión se convierten en garantía de seguridad y la casi la totalidad de los problemas reales más próximos a las personas (vivienda, devastación del territorio, contaminación, etc.) pasan simplemente a segundo plano ante la más apremiante alarma del momento.
No hay duda de que el terreno que el poder tiene ante sí es mayormente llano. Hoy por hoy, la ausencia de un movimiento real, amplio, determinado, radical, facilita en gran medida las cosas. Ante las intervenciones del Estado las respuestas son pocas y débiles, salvo raras excepciones que fácilmente son tachadas de subversivas, de rebeldes o, cada vez más a menudo, de terroristas. Tarea sencilla la de castigar a quien se permite alzar la cabeza, aunque sólo sea diciendo, por ejemplo, que los carabineros desplegados en Irak no son héroes, haciendo una huelga salvaje o criticando radicalmente la cárcel y ofreciendo apoyo a los presos.
Capítulo aparte merecen los emigrantes sobre los que se han vertido ríos de mierda por medio de una continua, apremiante e invasiva propaganda periodística en la cual no pasa un día sin el consabido titular: «Albanés viola a una mujer», o «Rumanos roban en un chalet». Política e información van de la mano para fomentar «el problema». Estos mismos sujetos que después derraman lágrimas de cocodrilo e invitan a la calma cuando, por ejemplo, un comerciante milanés mata a golpes a un muchacho negro al que acusa de haberle robado un pastelito (ejemplos como este hay muchos).
Este es el clima que se respira en Italia, tanto más evidente si tenemos en cuenta que el tema de la seguridad estuvo en el centro de la campaña electoral del año pasado. Pero no pensemos que la responsabilidad de todo esto corresponde en exclusiva al gobierno derechista de Berlusconi. Izquierda y derecha se mueven en este terreno y a grandes rasgos en la misma dirección. Basta leer las declaraciones del candidato de izquierda a la alcaldía de Roma, Veltroni, el día después de la sonora derrota en la confrontación con el fascista Alemanno (aclamado el día de la victoria con el saludo romano y el grito Duce!, Duce!): «Nuestro error en esta campaña electoral ha sido no incidir lo bastante sobre la cuestión de la seguridad, cosa que sí ha hecho la derecha…»
Cambios represivos
No bastaría una revista para hacer una relación de las medidas que el Estado ha tomado en materia represiva estos últimos años. El abanico de medidas ha traspasado a los sectores que tradicionalmente han mostrado conflictividad: estudiantes, trabajadores, «revolucionarios»…, para extenderse masivamente hacia los emigrantes y afectar posteriormente a sectores cada vez más indiscriminados. Son significativas algunas medidas del llamado «Paccheto sicurezza» (serie de proposiciones de ley emanadas del Gobierno), una de cuyas primera medidas puesta en vigor (agosto de 2008) fue la utilización del ejército en algunas ciudades con atribuciones de seguridad pública.
Se trata en total de 3.000 militares, de los cuales 1.000 se ocupan de la vigilancia externa de los Centros de Identificación y Expulsión (CIE, antiguos Centros de Permanencia Temporal, una especie de cárceles para inmigrantes), 1.000 al cuidado de «sitios sensibles» y otros 1.000 patrullando en las ciudades para reforzar a las fuerzas policiales en el «control del territorio como garantía del orden público y la seguridad». No es la primera vez que el ejército sale a las calles, ya había sucedido en sitios como Cerdeña (contra la alarma secuestros) o Sicilia (contra la alarma mafia), pero esta vez no ha sido necesaria una emergencia específica, ésta deviene constante, se integra, pasa a formar parte de la vida cotidiana.
Más recientemente (enero de 2009) se aprueba una ley que castiga la inmigración clandestina. De esta forma, entrar ilegalmente en territorio italiano pasa de ser una falta administrativa (que en cualquier caso conllevaba la detención en los centros de permanencia temporal y la expulsión) a convertirse en un delito penal. Además se da una vuelta de tuerca en lo que se refiere al derecho de asilo, reagrupación familiar y matrimonios mixtos.
Situación carcelaria
Si hablamos de las condiciones carcelarias en Italia, la sobrepoblación, las carencias sanitarias, la escasez de programas de actividades e, inevitablemente, la tortura física y psicológica por parte de los carceleros son sólo algunos aspectos a mencionar. Contra esta situación, pero sobre todo contra la pena del ergastolo (cadena perpetua), desde hace unos meses centenares de ergastolanos (a quienes se unieron muchos otros presos) han estado realizando una huelga de hambre rotatoria. Reclaman la abrogación de esta forma de cadena perpetua, una tortura dentro de la tortura para los condenados.
En teoría inclusos los ergastolanos tienen derecho al primer permiso después de 10 años de prisión y a la excarcelación después de 26, pero estas son reglas discrecionales y que dependen también del comportamiento del detenido. Por ejemplo, para aquellos que cumplen una condena por terrorismo la excarcelación (o los permisos) se consigue sólo si el detenido ha dado muestras de arrepentimiento y ha, en pocas palabras, pedido perdón a los familiares de las víctimas. Incluso por motivos graves de salud los ergastolanos tienen más difícil conseguir la excarcelación.
A esto hay que añadir la presentación hace pocos meses de un proyecto de ley sobre cárcel, el proyecto Berselli, con un contenido todavía más represivo. Entre otros aspectos este proyecto establece que los primeros permisos para los ergastolanos no se concederán antes del cumplimiento de 20 años de condena (actualmente son 10). A esto se añade la cancelación del descuento de 45 días por semestre de prisión cumplido, del cual disfrutan todos los detenidos «que han participado en las labores reeducativas», a lo que hay que añadir otra decena de artículos todos destinados a aumentar la permanencia en la cárcel y las vejaciones a los detenidos. Esta ley llega además montada sobre la ola de alarma social bien orquestada mediáticamente: la de las excarcelaciones fáciles o la supuesta sencillez con la que algunos «delincuentes» obtienen la liberación anticipada u otra serie de permisos.
Los regímenes especiales en Italia son: Alta Vigilancia (AS), Elevado Índice de Vigilancia (EIV) y el 41 bis, que es lo que comúnmente se llama «cárcel dura». El Estado lo introdujo en 1975 para poder suspender el tratamiento normal que se daba a los prisioneros en casos excepcionales de rebelión u otras situaciones de emergencia. Después del atentado de Capaci de 1992 (la mafia hazo saltar por los aires al juez Falcone) se introdujo un nuevo apartado que daba la posibilidad de aplicar el artículo 41 bis a los detenidos por delitos relacionados con la criminalidad organizada.
En 2002 se extendió esa posibilidad también para los delitos de terrorismo. Con el 41 bis se busca esencialmente aislar al detenido tanto de otros reclusos como del mundo exterior. Por lo tanto, se utilizan celdas individuales, horas de patio en solitario o en grupos de un máximo de cinco presos, un tope de dos horas de visita de familiares, separadas por un cristal y con grabación en audio y video del encuentro, además de prohibición o limitación de recepción de dinero o paquetes y censura del correo. Este es el 41 bis que, si bien ha sido objeto de críticas desde muchos lados, en la práctica se ha optado por endurecerlo todavía más.
La «guerra al terrorismo»
A nivel de la «guerra al terrorismo» (y en general de lucha contra la disidencia) el salto cualitativo se dio a finales de los años 70, cuando durante los llamados «años de plomo» la alarma terrorista justificó una durísima vuelta de tuerca represiva por parte del Estado. Otra ocasión fue sin duda el post-11 de septiembre, que dio paso a otras iniciativas represivas. De hecho, un mes después el Gobierno aumentaba la pena (de un año) por el delito «llave» en la lucha contra quienes se rebelan, el artículo 270 bis del Código Penal: «Asociaciones con finalidad terrorista incluso internacional o de subversión del orden democrático». «Cualquiera que promueva, constituya, organice, dirija o financie asociaciones que se propongan -no hace referencia necesariamente a la realización de actos concretos, sino simplemente a la ‘intención’ (NdA)- la realización de actos de violencia con finalidad terrorista o de subversión del orden democrático será castigado con la reclusión de siete a quince años. Quien participe en tales asociaciones es castigado con la reclusión de cinco a diez años (…)».
Hay después una serie de añadidos ligados al mismo artículo: 270c, colaboración con los imputados; 270d, reclutamiento con finalidad terrorista; 270e, adiestramiento con finalidad terrorista, hasta llegar al 270f, que detalla las conductas tipificadas como terroristas: «Son consideradas con finalidad terrorista las conductas que, por su naturaleza o contexto, pueden producir grave daño a un País o a una organización internacional y son cometidas con la finalidad de intimidar a la población u obligar a los poderes públicos o a una organización internacional a hacer o abstenerse de la realización de cualquier acto o desestabilizar o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas y sociales de un país o de una organización, además de otras conductas definidas como terroristas o cometidas con finalidad terrorista incluidas en las convenciones y otras normas de derecho internacional vinculantes para Italia». Esta definición se basa en una directiva europea que, aunque muy criticable, por lo menos establece una defensa formal de las libertades fundamentales y define las conductas penables (homicidio, secuestro, daños muy graves, etc.)
En Italia la definición es recortada con mucho cuidado y deviene así todavía más discrecional, de una discrecionalidad en que los confines de lo que puede ser considerado como terrorismo son extremadamente etéreos y utilizables en función de las necesidades políticas. Esta utilización política se da cada vez más a menudo a través, por ejemplo, de la conversión en delitos terroristas de actos que comúnmente habrían sido considerados como delitos comunes. A ello hay que añadir que cualquiera que se tope con el artículo 270 bis y siguientes tendrá un tratamiento del todo particular, como, por ejemplo, el encarcelamiento preventivo hasta un total de 4 años (con lo que se equipara con los delitos que prevén una pena mayor de 24 años de cárcel o al ergástolo).
Seguramente el área anarquista es considerada una de las más subversivas y como tal es sometida a una vigilancia especial. Más allá de los habituales procesos por ocupación, resistencia a la autoridad o daños realizados en manifestaciones (también en el terreno de las manifestaciones se tiende a tensar la cuerda, llegando a acusar por hechos como los enfrentamientos producidos en Milán durante una manifestación antifascista en marzo de 2003, del delito de devastación y saqueo que prevé penas de hasta 15 años de cárcel), la tendencia cada vez más frecuente es aplicar el artículo 270 bis.
Las investigaciones desarrolladas por los DIGOS (policía política) o por los ROS (Raggruppamento Operazioni Speciali – Agrupación de Operaciones Especiales) son las clásicas de seguimiento, colocación de gps en vehículos y, sobre todo, montañas de intervenciones telefónicas, microfónicas y grabación de videos, que no tienen otro fin que establecer «legalmente» la ligazón que permita construir la acusación de formar parte de un entramado terrorista. La meta es lograr alargar el campo de aplicación del artículo 270 bis y llegar a una condena definitiva para los anarquistas, a la vez que abre la vía a un uso más frecuente y sobre todo más indiscriminado. Porque condenar a los anarquistas bajo el delito de asociación subversiva significa «dotarles» de una organización, de un organigrama, de un jefe, es decir, de todo lo que los anarquistas no tienen.
Montar una asociación subversiva permite a la Fiscalía obtener fácilmente del juez una orden de arresto preventiva, la prolongación de la detención preventiva hasta 4 años, el aislamiento y/o anulación política de la actividad del grupo reprimido tachándola de terrorista, la aplicación de la dispersión y la integración de los arrestados en el circuito carcelario EIV (Elevado Índice de Vigilancia, un grado por debajo del art. 41 bis).
¿Cómo puede una Fiscalía plantear una acusación de asociación subversiva?
No se necesitan pruebas. Si una realidad se convierte en un problema político incómodo (y en ciertos casos si sobre un determinado territorio se producen actos de sabotaje y/o ataques) se inicia una investigación y los agentes proceden a pinchar los teléfonos de los compañeros investigados y, a menudo, también los de simples conocidos de éstos. Además se realizan seguimientos destinados a controlar desplazamientos, se instalan micrófonos en las habitaciones, en los automóviles, en los bares frecuentados habitualmente, en los vehículos…, se reseñan las actividades realizadas, se controlan las relaciones con otras ciudades y se recopilan los materiales producidos (panfletos, libros, periódicos, etc.) A estas datos se suele añadir (aunque no siempre) uno o dos delitos específicos (cuyas pruebas habitualmente son bastante volátiles) y se aplica el correspondiente artículo 270 bis.
Un ejemplo paradigmático se produjo en 1996, cuando el fiscal Marini (de ahí el nombre de «proceso Marini») trató de incluir a unos setenta compañeros de toda Italia en una asociación fantasma bautizada por él mismo (potestad de la magistratura) como ORAI (Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica Insurrezionalista). Después de años de cárcel (fueron aplicadas 29 órdenes de arresto), de compañeros en la clandestinidad, de procesos y tantas otras cosas, Marini obtuvo en 2002 en la Corte de Casación la condena por asociación subversiva e integración en banda armada para 5 de los ocho condenados.
En estos años la magistratura blandió cada vez más a menudo la espada del 270 bis. En marzo de 1998 fueron arrestados en Torino tres anarquistas: Baleno, Sole y Silvano. Fueron acusados de ser responsables de algunos de los numerosos sabotajes efectuados en Val Susa contra el TAV desde 1996, además de ser acusados de asociación subversiva con finalidad terrorista. Este caso se acopla perfectamente a la construcción policial de una asociación subversiva: un territorio, Val Susa, donde se producen sabotajes, un grupo de anarquistas que luchan contra el TAV, los más media que amplifican la alarma y promueven el miedo, después la captura y los titulares eufóricos de los periodistas exultantes en su sucio trabajo de pintar a los tres como monstruos, ora como individualistas desesperados, ora ligados a los servicios secretos, ora a la extrema derecha.
El 28 de marzo Baleno es encontrado muerto colgado de una sábana en su celda de la cárcel de Turín. El sábado 11 de julio Sole, su compañera, se quitó la vida ahorcándose en una habitación del centro donde cumplía arresto domiciliario. Silvano fue condenado a 6 años y 10 meses de cárcel por asociación subversiva y un par de delitos específicos. En 2002 la Corte de Casación sentenció que la acusación de asociación subversiva no tenía sustento jurídico y la condena se le redujo a 3 años y 10 meses.
Mientras tanto, la acusaciones de asociación subversiva han llovido sobre los territorios en los cuales los anarquistas son activos: Milán, Pisa, Roma, Rovereto, Lecce, Turín, Florencia… El caso de Pisa es bastante emblemático. Desde 2004 hasta la actualidad se han realizado cuatro investigaciones diferentes por asociación subversiva con un total de un centenar de registros y decenas de arrestos.
Otro ejemplo significativo es el de Lecce (2004) donde la magistratura puso el punto de mira sobre la lucha que los compañeros llevaron contra los Centros de Permanencia Temporal para inmigrantes. Muchas de estas personas fueron arrestadas por asociación subversiva, pero al final de la primera instancia del proceso la acusación fue cambiada por la de «asociación para delinquir». En Roma, por su parte, la llamada «operación Cervantes» (por un artefacto que explotó en 2004 frente al Instituto Cervantes en protesta contra el régimen FIES) delineaba una asociación entre personas que jamás se habían visto.
Finalmente, la última investigación que muestra la «ligereza» en el uso de la acusación del delito de asociación subversiva con finalidad terrorista implica a cuatro compañeros arrestados bajo la acusación de haber tirado un petardo en el patio de la Policía Municipal de Parma, una ocasión óptima para regalarles igualmente un bonito 270 bis (tres de ellos se encuentran todavía en cárcel preventiva).
Si bien es cierto que después de la resolución del proceso Marini no se han dictado más condenas en firme contra los anarquistas por asociación subversiva, la acusación por este delito resulta un arma muy eficaz en manos de la magistratura.
Las luchas en defensa de la tierra y su represión
Si en muchos frentes es bien poco lo que se mueve en Italia, en el terreno de la lucha por la defensa de la tierra ha habido luchas importantes en los últimos años. Han sido luchas que no han sido llevadas únicamente por sectores militantes, sino que también han contado cun una fuerte participación de la población de los lugares afectados. En 2003, por ejemplo, los habitantes de Scanzano Ionico (Puglia) impidieron la construcción de un depósito de residuos nucleares. Igualmente en el sur de Italia se han producido resistencias constantes contra la apertura (o reapertura) de vertederos a cielo abierto con manifestaciones, asambleas, barricadas, enfrentamientos y sabotajes.
En el caso de la última protesta en Pianura (Nápoles) y frente a los violentos enfrentamientos con la Policía en su intento de permitir la realización de los trabajos en el vertedero, el estado ha respondido con una serie de arrestos y la aprobación de una ley que permite declarar cualquier área «zona militar» (por ejemplo, un vertedero o una incineradora) y así poder arrestar inmediatamente a quien se acerque para protestar.
En Vicenza hace más de un año miles de personas trataron de impedir la ampliación de la base militar de EEUU en Aviano. Y en el Trentino otros miles luchan contra el TAV y la ampliación del túnel del Brennero (entre Austria e Italia).
Indudablemente la lucha en defensa del territorio por excelencia es la desarrollada en Val Susa (Piamonte). Se trata de una larga lucha llena de explosiones de conflictividad (ocupaciones de carreteras o de la vía férrea, acampadas, manifestaciones,… y, por el momento, en «tregua». Son ya 15 años de lucha y no sin resultados, visto que a día de hoy los trabajos de construcción todavía no han comenzado. Evidentemente el Estado no puede tolerar que un movimiento de protesta paralice un proyecto europeo como el TAV, que debe seguir adelante «por las buenas o por las malas», como afirman los gobernantes, tanto de izquierda como de derecha, esto es, con acuerdos bajo cuerda o con la represión. En realidad, ambos métodos han sido ya ampliamente utilizados sin resultados concretos, es más, la represión policial de 2005 (1) ha contribuido a reforzar el movimiento.
Esto ha servido de lección al Estado (por ahora), cuya actuación trata de orientarse hacia una estrategia de división dentro del movimiento, denunciando la presencia de «violentos», «anarco-insurreccionalistas» o habitualmente de terroristas, al objeto de individualizar y aislar. Esta estrategia tiene como objetivo crear la habitual división entre buenos y malos, para tratar de negociar con los primeros y reprimir a los segundos. Pero no siempre estas maniobras surten efectos: participando hombro con hombro en los cortes, en las acampadas, en las barricadas, en las asambleas o compartiendo instantes de lucha, las relaciones se establecen tal como son, y no a través del código penal o de las mentiras de los periodistas.
Ekintza Zuzena
nota:
1) La noche del 6 de diciembre de 2005 en Venaus (Val Susa) la policía atacó salvajemente la acampada permanente montada meses atrás donde se debían iniciar los primeros sondeos. Los presentes aquella noche eran mayormente habitantes del valle, que sufrieron la brutalidad de las fuerzas policiales. Aquel día el estado perdía una partida: incluso aquellos que el día anterior habían ofrecido café a los policías se convencieron de que aquellos que tenían delante no eran humanos con un cerebro propio, sino máquinas dispuestas a obedecer cualquier orden. El 8 de diciembre una gran manifestación rebasó el fuerte despliegue policial, para dispersarse luego por las montañas y reagruparse en el lugar de la acampada, que fue reconquistado, expulsando a los policías que allí se encontraban y saboteando la maquinaria que allí se encontraba (el proceso en primer grado por estos hechos se ha resuelto con la condena a 1 año de cárcel para dos personas). Desde aquel día la acampada de Venaus continúa.
extraído del Dossier de la revista Ekintza Zuzena nº36.
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